¿Cuánto han aumentado las violencias hacia las mujeres, cómo se manifiestan y cuáles son sus repercusiones sobre la vida de quienes las experimentan?

Estas son las preguntas que abordamos en el Observatorio Regional: Ciudades, Violencias y Género. Las respuestas a ellas constituyen, sin duda, una base para definir políticas públicas sobre seguridad que nos permitan avanzar en la construcción social de ciudades en que queremos vivir.

La seguridad ciudadana ha pasado a ser un tema central en las agendas políticas de gran parte de los países. Por una parte, la solución a los problemas suscitados por el aumento de la violencia y el delito es una oferta que los gobiernos hacen a los ciudadanos cada vez con mayor frecuencia; y, por otra, una de las demandas más persistentes de la ciudadanía es que se garantice condiciones crecientes de seguridad para toda la población. Los estudios pertinentes indican que la seguridad se encuentra al mismo nivel que el empleo o la pobreza como materia de preocupación generalizada en nuestra región.

Dada la relevancia que se atribuye a este tema, sería esperable encontrar en los países algún sistema integrado de información apto para elaborar diagnósticos sobre las diversas causas y factores facilitadores del delito, la violencia y el temor, y desarrollar un diseño estratégico que los aborde. Pero esto no siempre ocurre. Por lo general, la información sobre seguridad, delitos y violencia está fragmentada y debe ser recopilada en distintas fuentes, lo que además de hacerla difícil de procesar, implica la necesidad de distinguir entre aquellos datos que pueden ser considerados “oficiales” y los que, aun siendo válidos, no tienen ese rango.

Esto ocurre con la información sobre violencia e inseguridad en general. Las dificultades se amplían si queremos centrar nuestro interés en las mujeres, además de agudizarse cuando nos proponemos pasar desde el nivel nacional de la información a una escala local. Es lo ocurrido en las ciudades que forman parte de la primera fase del Observatorio Regional (Colombia, Rosario y Santiago), donde se encontraron diferentes obstáculos en el proceso de recabar información, desde su producción hasta la difusión de la misma.

En Colombia, un escollo importante en las tareas que se propone el Observatorio es el manejo de un concepto unidimensional de violencias hacia las mujeres, lo que ocurre tanto a nivel de la sociedad misma, como en las entidades del sector público. Este, sin embargo, no es un factor específico de este país. Es, más bien, un común denominador a las otras ciudades consideradas por el Observatorio, y probablemente a muchas otras de la región. En lo fundamental, consiste en que la sociedad, así como las entidades del sector público, asimilan la violencia a las lesiones personales que configuran delitos contra la seguridad personal. La seguridad es vista, entonces, solo como la ausencia de delitos y no como un sistema dinámico que integra componentes y dimensiones en estrecha interacción. Los dos problemas asociados a esta concepción unidimensional de la violencia —y, por supuesto, de la seguridad— son, en primer lugar, que varias expresiones de violencia no son ni siquiera consideradas dentro del espectro de las afectaciones; y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, que los análisis sobre la dinámica de las violencias no intentan definir los factores causales detonantes.

En este mismo sentido, en la ciudad de Rosario se observa carencia de información estadística sobre las dimensiones y los tipos de violencia que afectan a las mujeres. A ello se suma una insuficiente gestión de la información existente y de la investigación social sobre el tema. En general, los datos se refieren solo a casos denunciados, son parciales en cuanto a su cobertura y, por ello, no sirven para evaluar la escala, el modo, la frecuencia y la gravedad de la forma de violencia que nos ocupa. Por lo tanto, es difícil conocer cuáles son las formas de violencia que enfrentan las mujeres cotidianamente, así como la frecuencia con que se manifiestan. Tampoco existe claridad, en qué consisten las respuestas políticas y sociales diseñadas al respecto, e incluso qué tipo de información recoge el Poder Judicial.

En Argentina también es difícil acceder a información certera sobre la cantidad de hechos de violencia intrafamiliar que constituyen delitos y que se cometen contra las mujeres (lesiones, homicidios, abuso y violación sexual). La última información disponible en el Ministerio de Justicia de la Nación corresponde al año 2007, y aunque discrimina entre los delitos cometidos contra mujeres y contra varones, no aporta información sobre las eventuales vinculaciones personales entre víctimas y agresores de los hechos de violencia. Lo mismo sucede con la información vinculada a los delitos contra la integridad sexual, en los que no es posible identificar en qué medida se refieren a casos de violación en el marco de relaciones interpersonales, presentes o pasadas.

En el caso de Santiago, se cuenta con información sobre violencia intrafamiliar relativamente bien organizada en los registros policiales y sistema judicial, y hay acceso a los datos de atención a víctimas recopilados por organismos públicos que atienden esta área. También existe información disponible recabada en una encuesta nacional sobre violencia intrafamiliar. En cuanto a la violencia urbana, existe información proveniente de registros y encuestas anuales de victimización. Sin embargo, la violencia hacia la mujer no es considerada un tema relevante que amerite ser difundido oficialmente.

Un problema compartido por las tres ciudades es que las fuentes de información sobre las violencias hacia las mujeres están dispersas y desconectadas. En la práctica, ello se traduce en que las distintas entidades que se ocupan de la materia llevan a cabo los procesos de generación, registro y sistematización de información de manera independiente y a partir de diferentes estructuras de captura de la información (categorías de registro, unidades de análisis, criterios de muestreo y periodicidad), lo que limita o impide totalmente las opciones de articulación entre las fuentes.

Al indagar en las fuentes, se observan frecuentes cambios en las matrices de registro de la información, incluso a nivel intrainstitucional. A menudo las entidades cambian las categorías de registro de la información de año en año. Como resultado, se hace difícil establecer series de tiempo que hagan visibles las dinámicas y tendencias centrales que afectan a las variables consideradas.

Sin embargo, se advierten avances. En Colombia se percibe un proceso de transformación de la concepción de las violencias impulsado tanto por el Movimiento Social de Mujeres de Colombia, como por las organizaciones apoyadas por la Cooperación Internacional que inciden en el territorio. En Rosario, se ha recopilado información sustantiva sobre las violencias hacia la mujer y el conocimiento de sus temores, en el marco del Programa Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y todos” de UNIFEM, y del Programa “Ciudades inclusivas y género” de Naciones Unidas (Fondo Fiduciario), implementados por CISCSA – Red Mujer y Hábitat de América Latina, en conjunto con el Municipio de la ciudad de Rosario. En Santiago, es una tarea del Programa Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres” el tratamiento y análisis de la información disponible desde una perspectiva de género, y la producción de información sobre las violencias a escala local.

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La recopilación y organización de la información en la Matriz de Indicadores del Observatorio Regional ha sido un trabajo minucioso y altamente gratificante. Hemos logrado crear sinergias entre los equipos de las tres ciudades, compartiendo nuestras dudas y celebrando nuestros aciertos. Este es el primer paso para instalar el Observatorio Regional, parte inicial de lo que concebimos como un proceso. Esperamos ir perfeccionándolo con actualizaciones periódicas y revisiones constantes, que nos permitan mejorar nuestros diagnósticos y ejercer vigilancia sobre el efecto alcanzado por las políticas públicas y acciones específicas, en la convivencia urbana y de género.

La buena noticia es que, a partir del trabajo realizado para llenar la Matriz de Indicadores del Observatorio, se han precisado y acotado ciertas deficiencias y nuevos puntos de interés en la recopilación y manejo de datos, lo que puede servir de orientación a los organismos responsables interesados en una mejor producción y difusión de la información.